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Peligrosa y descabellada represión cultural

Por CARLOS LIONEL TRABOULSI (perseguido)*

El pasado 12 de junio se publicó una seudoinvestigación mal intencionada y alejada de la verdad que según sus propios autores llevó dos años de trabajo y estudio para llegar a la fecha con una página donde se puede destejer una red de nexos y relaciones entre militantes, dirigentes políticos, organizaciones, iglesias y figuras púbicas a las que acusan de formar parte del “avance cada vez más evidente de la llamada reacción conservadora en la argentina y en el mundo, un movimiento con actores en algunos casos identificables con claridad y en otros, de más difícil clasificación”.

Este trabajo realizado por las periodistas Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Florencia Alcaraz, Juan Elman, Paula Hernández y Paula Rodríguez fue financiado por la International PlannedParenthood, la mayor empresa abortista del mundo y que ha impulsado y financiado en nuestro país la campaña a favor de la ley de aborto distribuyendo dólares para diversos sectores de la sociedad a fin de impulsar la ley.

Esta supuesta investigación periodística no es más que una “lista negra” en democracia persiguiendo y tratando de amedrentar a quienes no piensan como el imperialismo materialista cultural que pretende deconstruir nuestra cultura y la cohesión social basada en la fortaleza de la familia y la defensa de valores esenciales como la vida desde la concepción pasando por todas las etapas de la persona hasta su muerte natural.

Se mezclan en la lista diversas personas y organizaciones, aprovechando para pretender ensuciar la imagen de iglesias que nada tienen que ver con la política partidaria, que defienden la vida, la familia y los valores de la dignidad de la persona humana desde hace más de dos mil años, y de partidos políticos como el DEMOCRATA CRISTIANO que tiene una historia basada en la defensa de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la amistad cívica y el respeto a la dignidad de la persona humana.

¿Cómo puede pretender descalificarse a dirigentes de la DC cuando es un partido que ha tenido en épocas difíciles de nuestra Patria al “Padre de la Plaza de Mayo” como es reconocido Augusto Conte, quien siempre defendió la vida desde la concepción y la defensa de la familia¬? ¿Cómo querer de un plumazo artero de mercenarios de la prensa pagados por dineros sucios del asesinato de millones de personas por nacer en el mundo mancillar testimonios de inclaudicable lucha por la democracia, la vida y los derechos humanos de dirigentes como Carlos Auyero, Horacio Sueldo, Esio Silveira, José Antonio Allende, Mario Marturet, Rina Zuki Leiva, Eduardo Elías Traboulsi, Arturo Ponsati, Salvador Busacca, Enrique De Vedia o Guillermo Frugoni Rey entre tantos otros?

Se coloca el mote de “antiderechos” a quienes defendemos los derechos inalienables de las personas, de todas las personas sin distinción, frente a quienes se autodenominan defensores de los derechos pretendiendo establecer supuestos derechos que conllevan a la destrucción de la cohesión social, buscando desvanecer la fortaleza de la familia, el respeto a la vida desconociendo la existencia de la personas desde la concepción y generando situaciones de confrontación entre el varón y la mujer profundizando la división social con el autoritarismo de la imposición de un mal llamado lenguaje inclusivo.

Estas listas negras generadas en democracia no tienen otro objetivo que perseguir a quienes pensamos distinto y que por tener el aval de las mayorías populares que lamentablemente son silenciosas, hacernos “desaparecer” de los medios de comunicación, de la política, de los espacios culturales y de todo ambiente donde pueda haber alguien que sea influenciado por nuestro pensamiento de libertad y defensa irrestricta de la dignidad de la persona humana.

Esperemos que el gobierno nacional, la Justicia y las entidades representativas de los medios de prensa y comunicación, como así la sociedad en su conjunto, repudien claramente estas acciones, abramos los ojos hacia donde nos quieren llevar y juntos, seamos capaces de construir una sociedad que nos respete e incluya a todos sobre un proyecto de nación en común.

*incluido en la lista negra. Abogado, Diplomado Relaciones Internacionales, Secretario General Partido Demócrata Cristiano CABA.

Por Carlos Lionel Traboulsi*

Los ciudadanos somos socios de “de una gran entidad” que se llama Estado Nacional. No debemos ser INDIFERENTES ante las cuentas públicas ya que somos parte de ellas. Tenemos derecho a EXIGIR rendiciones de cuentas transparentes y comprensibles, como así tambiénEJERCER EL CONTROL CIUDADANO, ante la indiferencia de los Legisladores, sobre los recursos que hemos aportado para recibir bienes y servicios de calidad.
Recientemente reclamaba la falta de fondos suficientes para el ejercicio y control de nuestra soberanía en la inmensa extensión de la plataforma continental, nuestro mar, océano Atlántico, islas Malvinas y extensión a la Antártida, sin olvidarnos de los pasos al Océano Pacífico en el proyecto de Presupuesto General 2022 enviado al Congreso de la Nación.
El Art. 75 inc. 8 de la Constitución Nacional nos dice que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Es decir que la obligación del Congreso es aprobar el Presupuesto General de Gastos e Inversión anualmente que envíe el Gobierno Nacional, pero también tiene otra obligación importantísima que es la de aprobar o desechar las cuentas de inversión, es decir cómo y dónde se usó el dinero presupuestado y si se usó según las previsiones.
El Pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, pero ¿qué pasa cuando nuestros representantes no cumplen con su obligación? ¿Qué pasa con ese mandato tácito de representación? Obviamente se quiebra y debiera recuperar el ciudadano su representación directa producto de la inacción o de la misma corrupción.
Desde el año 2014 –más allá de períodos de décadas anteriores- hay una inacción por parte de los legisladores nacionales quienes no han tratado las cuentas de inversión; solo para el año 2016 se rechazó -recién durante el corriente año 2021- la rendición de cuentas del ejercicio por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Nacional, que también tiene a su cargo evaluar el correspondiente dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN). ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto sin saber si el anterior fue debidamente ejecutado? Esto permite claramente la corrupción.
Las cuentas cada vez se tornan menos transparentes y confiables, alejándose del control sustancial del Congreso de la Nación, es decir se subestiman por parte de nuestros representantes y, por ende, se imposibilita que los ciudadanos sepamos qué es lo que pasa. Esto permite que cada funcionario manifieste y sostenga públicamente un relato que lo más probable esté alejado de la realidad, pero los ciudadanos nos vemos impedidos de conocer la verdad. Sin ir más lejos se habla del gran endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri pero se pasa por alto que en dos años de gestión del Kirchnerismo de Fernández se gastó más de 35 mil millones de dólares. Es decir proporcionalmente más que el gobierno anterior. ¿Quién controla, quien nos representa a los ciudadanos que somos los que con nuestro trabajo y sacrificio pagamos la fiesta?
Es necesaria la participación ciudadana y que se abran inmediatos canales para ello, aprobando leyes que obliguen a la información del pueblo en forma clara, transparente y sencilla, explicando cómo se conforman los presupuestos generales de gastos y recursos y cómo se gastan los mismos antes de la actuación constitucional que le cabe al Congreso.
Esta es una deuda de la democracia que solo alienta a la corrupción.
Hay muchos sectores trascendentes en la gestión pública susceptibles de controlar, pero éste es esencial, porque de él dependen los recursos y su correcta utilización para que el resto exista y pueda cumplir con las funciones asignadas.
Obsérvese que se mandó en el mes de Setiembre pasado un proyecto de presupuesto 2022 al Congreso de la Nación que quedó totalmente desactualizado e impedido de tratar producto de la inflación y del famoso “plan platita” que fue utilizado para intentar no perder las elecciones de medio tiempo del pasado 14 de noviembre.
Deben establecerse sanciones ejemplares para las autoridades que no cumplen con las fechas de presentación de los presupuestos generales, para con los legisladores que no cumplen con el mandato de la representación aprobando o rechazando las rendiciones de cuentas y establecer normas claras y precisas para que todos los ciudadanos podamos involucrarnos como socios principales en la marcha de las cuentas del Estado Nacional. Hay que desplazar la discrecionalidad política en cuestiones que afecten el erario público.
Demos decididos pasos, encaremos mancomunadamente acciones reales y serias para terminar con la corrupción en la Argentina si es que verdaderamente así lo queremos y exigimos.
*abogado; diplomado en relaciones internacionales; Secretario General Partido Demócrata Cristiano CABA.

Por Carlos Lionel Traboulsi

En estos días la Cámara de Diputados de la Nación empezará el tratamiento de la reforma de la ley de alquileres en vigencia, que ha sido un auténtico desastre para los locadores y locatarios, no saliendo ninguno beneficiado y generando una auténtica crisis en el mercado de las locaciones para vivienda familiar.
Lo cierto es que, más allá de ello, pareciera que el debate en Diputados se centrará en cuestiones cosméticas que puedan dar solución al tema en forma temporaria, dejando de lado el verdadero problema de fondo que es la ausencia de viviendas en la Argentina. Un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas que nadie intenta darle respuesta ya que no da rédito inmediato y se necesitan los votos cada dos años.
Hay un anteproyecto de ley propuesto por Eduardo Jorge Traboulsi (procurador – empresario inmobiliario) que marca pautas esenciales para una auténtica reforma y solución definitiva, pero que encuentra las puertas cerradas de los legisladores quienes creen no necesitar propuestas refrescantes a las remanidas que giran en los despachos.
La locación inmobiliaria, debe ser definida como una cesión de derechos posesorios temporarios de una propiedad, donde el locador cede al locatario el uso y goce de una propiedad, mediante un contrato en el que intervienen dos partes y en muchas se incorpora un tercero que es el garante fiador, y como tal debe regularse de acuerdo a la importancia de la institución y los efectos sociales que se desprenden de ella.
Debe crearse un Registro Nacional Público de Locaciones en el que obligatoriamente se inscriban los contratos. Estos instrumentos deben ser intervenidos por los Corredores Inmobiliarios quienes darán su aval profesional con su firma, sellado respectivo y registración dándole existencia legal a la locación, evitando con ello en primer lugar las ocupaciones ilegales (usurpaciones) y a su vez el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. A solicitud de partes para mantenimiento de la propiedad, finalización contractual y/o entrega de la misma, deben extender un certificado ejecutorio que da base para las acciones de desalojo o cumplimiento contractual estableciendo que las acciones judiciales con dicho instrumento no pueden durar más de 30 días. Toda diferencia será superada por el Corredor Inmobiliario quien actúa las veces de mediador administrativo. Esto cambian el concepto ya que el Corredor Inmobiliario estará al servicio de ambas partes contratantes y no como ahora solo del lado del Locador.
El Registro Nacional Público de locaciones con la participación de los Colegios de Corredores Inmobiliarios garantizará que las operaciones de oferta y tasación tengan transparencia y cumplan con las necesidades sociales de locatarios y locadores, emitiendo un certificado de publicidad de tasación que deberá adjuntarse al contrato.
Deberá crearse asimismo un fondo fiduciario de garantía inmobiliaria con el aporte del 2% de Estado y el 1% en cabeza del locador y otro 1% por parte de los locatarios sobre el valor mensual del canon locativo a los fines de ser destinado, por un lado, a garantía de cumplimiento de los contratos evitando el mercado negro de garantías propietarias y los compromisos de favor, como así, la ingrata tarea de los inquilinos en la búsqueda de las mismas, evitar los depósitos y los meses adelantados, y por otro lado, los fondos serán destinados a la construcción de viviendas para ser puestas en el mercado locativo, incorporándose esas viviendas en la cartera de oferta de los corredores inmobiliarios, incorporándose los cánones que se cobren de ellas al fondo fiduciario de garantía.
Las viviendas construidas con el fondo fiduciario podrán ser otorgadas en propiedad definitiva a sus ocupantes luego de haber ocupado, aportado, mantenido la misma en condiciones ininterrumpidas durante el plazo de 30 años.
El Registro Nacional Público de locaciones tendrá entre otras funciones dar publicidad del acto locativo; emitir certificados para obtener exenciones impositivas para los locadores mientras funcione la locación para vivienda familiar; obtener créditos blandos para efectuar reparaciones y mantenimiento de las unidades arrendadas; obtener los locatarios créditos para abonar alquileres por desempleo o compensar ingresos por el lapso de 6 meses.
Esta propuesta que ha sido acercada a varios legisladores no solamente generará confianza y seguridad en el mercado de alquileres tanto para locadores como locatarios, sino que garantizará a los inquilinos el acceso a una vivienda digna sin mayores costos, que con el paso del tiempo podrá ser adquirida en propiedad definitiva.
*abogado; corredor inmobiliario; Secretario General Partido Demócrata Cristiano CABA. carlosltraboulsi@gmail.com

Por Carlos Lionel Traboulsi*

El federalismo no se declama es una forma de vida, no de relato político para encubrir enfrentamientos entre sectores de poder a fin de construir posicionamientos de ventaja de unos frente a otros.
Se puede ser porteño y auténticamente federal, y ser del interior del país y profundamente unitario.
Lo primero a tener en cuenta es la transparencia y el compromiso de pensamiento en el accionar. Esto es lo más difícil, y lo que termina echando por tierra cualquiera buena intención declamada, ya que en el fondo, solo son argucias políticas para usufrutuar la grieta en la sociedad, y lo que, en definitiva, permite mantener resguardada la cuota de poder. Como se dice comúnmente la “quintita propia”.
Vemos como hoy están en juego los subsidios al transporte en la CABA, tratando el Gobierno Nacional de sacarse de encima una brasa muy caliente producto de las imposiciones establecidas por el FMI para arribar a un acuerdo, donde en realidad, por haber perdido incomprensiblemente dos años para ello, termina siendo un contrato de adhesión, quedando como siempre en el relato kirchnerista los logros en beneficio del crecimiento económico y del bienestar del Pueblo.
Esta necesidad de quitar subsidios, traerá consecuencias políticas al Ejecutivo Nacional quien maneja las tarifas del transporte público de la Ciudad y del conurbano. Como no quieren asumir ese costo, intentan traspasar la competencia del transporte a la Ciudad para que asuma el costo político, pero agravándolo aún más, intentando hacer una nueva confrontación falsa federal, colocando a la Ciudad como la que se ve beneficiada en perjuicio de nuestros hermanos del interior. “El interior subsidia a la Ciudad y no lo podemos permitir”, este es el mensaje.
Lo cierto es que en el medio como siempre, están las personas. Están los cientos de miles de trabajadores que a diario deben usar el transporte público para ganarse el pan. Recordemos que diariamente entran más de un millón cuatrocientos mil personas provenientes de la PBA a la Ciudad para trabajar. Si no hay un acuerdo de tarifas entre Ciudad y PBA, esas personas pagarán un importe de pasaje cuando ingresan a la metrópolis y otro muchísimo más caro cuando regresan a sus hogares. En definitiva quienes son los perjudicados? Es necesario llevar adelante un diálogo y buscar un acuerdo entre Nación, PBA y CABA priorizando el beneficio de las personas en general dejando de lado los intereses políticos sectoriales.
La autonomía de la Ciudad no puede ser una herramienta usada por el Ejecutivo nacional para confrontar políticamente con un partido que está en la oposición, sino que siempre debemos tener en cuenta el beneficio de las personas.
En el caso concreto de la autonomía porteña, que va de la mano del auténtico federalismo, es imprescindible que las competencias de la Ciudad sean completas, no solo en lo que a “gastos” se refiere, sino también en lo que a “generación de recursos” compete.
En este sentido entre otras competencias hay que darle a la Ciudad la Inspección General de Justicia (IGJ), como tienen las otras provincias; incorporarla a la empresa “Hidrovía Federal Sociedad del Estado” (que llamativamente se la dejo afuera) y proceder a la devolución del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de ser parte de una nueva visión estratégica Argentina donde el mar sea el cambio, entre otras cajas nacionales, que quedaron al uso discrecional de Balcarce 50.
Recordemos por ejemplo, que el Puerto de Buenos Aires es el único puerto federal, mientras el resto de los puertos de la Argentina han sido descentralizados a las provincias y municipios.
El federalismo es darle a cada uno lo suyo, sin inmiscuirse ni apropiarse de sus recursos y potencialidades, permitiendo el desarrollo genuino de cada provincia, región y sus habitantes; tener armonía como las cuerdas de la guitarra, cada una con su particularidad pero juntas son un instrumento capaz de hacer una música maravillosa. El federalismo también se sustenta en la solidaridad. Contribuir las provincias y regiones más ricas con las que menos tienen, para ayudarlas a llevar adelante un desarrollo genuino y que acompañen al conjunto de la nación en el crecimiento. Ser federal es pensar en todos como integrantes de una misma familia, ya que más familia, es menos violencia y más futuro.
No seremos jamás federales si seguimos confrontando desde la necedad política; si continuamos manteniendo un sistema de coparticipación donde el Estado se apropia de los recursos provinciales y donde la presión tributaria obliga al ciudadano que produce tener un “socio bobo” que lo lleva a la quiebra.
La discusión de los subsidios al transporte en CABA es la punta del iceberg. Los argentinos debemos darnos esta profunda discusión: “Queremos ser un país auténticamente federal, o bajo la hermosa música del federalismo mantener un sistema de poder “unitario” que cambia de manos según el partido político al que le toca gobernar en turno”.
*Secretario Relaciones Internacionales Partido Demócrata Cristiano; Autor e impulsor del Modelo de Desarrollo Argentina Azul.

Por Carlos Lionel Traboulsi*

El próximo 2 de abril se conmemoran los 40 años de la guerra de Malvinas, una guerra absurda, pero que dejó sangre de héroes derramada en nuestras islas que fertilizó la tierra y permitirá florecer sin ninguna dudas la plena soberanía que nos corresponde y que tanto anhelamos los argentinos
Recientes declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, sumadas a otras voces de ese país, reavivan tensiones y nos llaman a la reflexión de que es lo que estamos haciendo en honor de nuestros antecedentes dominiales, posesorios y en memoria de nuestros héroes, como así en cumplimiento de la disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
El funcionario inglés refirió que Gran Bretaña defenderá las islas de “los matones” alrededor del mundo, sin importar la distancia a la que se encuentren, en un acto por el llamado “Día de Margaret Thatcher”. En ese contexto, aseguró: “Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos y a nuestros valores”.En su discurso, planteó que el conflicto bélico que se desarrolló en 1982 debe ser un recordatorio para el Reino Unido de que su población puede ser “amenazada desde cualquier dirección y en cualquier momento”, una situación que vuelve imprescindible la inversión y el equipamiento de sus tropas para una eventual nueva guerra.
Estas afirmaciones gravísimas da un claro ejemplo de lo que es “un matón”, dan fundamento al equipamiento militar que viene haciendo el Reino Unido en el Atlántico Sur, situación que se viene denunciando en forma permanente en diversos foros internacionales y que no es receptado por el mundo civilizado adecuadamente.
La Argentina debe asumir un rol firme dentro del camino de la paz de defender la soberanía de nuestro mar, de nuestras islas, de nuestros recursos y la desmilitarización del Atlántico Sur en especial de la fuerza nuclear. Esto no puede quedar en meras declaraciones sino que hay que llevar adelante acciones concretas dentro de las facultades jurisdiccionales y soberanas que tiene el país y que nos permiten las normas internacionales y nacionales, como asimismo llevar adelante con decisión política un proyecto de nueva visión estratégica donde el mar asuma un rol protagónico.
Es necesario entre varias medidas, desplegar nuestra flota pesquera subsidiándola para que compita en alta mar en una línea imaginaria tipo cortina en el límite de las 200 millas marinas conviviendo con las flotas piratas, defendiendo de esa manera nuestros recursos ictícolas al generar competencia directa, tornando inviable económicamente la permanencia en ese lugar a quienes vienen a robarse nuestros cardúmenes. Fortalecer la logística de control, apoyoa nuestra flota y sanción a los pescadores ilegales con la colaboración de los nuevos buques OPS que están operando en la Armada, como así dotar de otros buques de inmediata construcción nacional para cubrir esas necesidades junto con la Prefectura Naval. Impulso de la Industria naval es parte del camino.
En el ámbito diplomático es imprescindible profundizar el espacio de diálogo con los países ribereños del Atlántico sur tanto del continente americano como del africano y desarrollar una doctrina con alcance de cumplimiento internacional que establezca: “EL ATLANTICO SUR PARA LOS PUEBLOS DEL SUR”, similar a lo que fuera la doctrina Monroe “América para los americanos”. Esto permitirá que la zona de colaboración y paz ya declarada por Naciones Unidas en su oportunidad, sea usufructuada en colaboración científica y de paz entre los países ribereños del sur obligando a la emigración de los países que no pertenecen a él, como es el caso del Reino Unido. En 1986 por Resolución de Naciones Unidad 46/11 se declaró zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Zpcas). Otras resoluciones posteriores apuntalaron esta posición y recientemente una nueva Resolución de la ONU destaca la función de la Zpcas como foro para que aumenten la interacción, la coordinación y la cooperación entre sus Estados miembros.
Hay organismos creados en nuestro país que debieran estar discutiendo estas cosas en profundidad y en el marco de la defensa nacional, pero no vemos que ello suceda. Se ven solo comunicados oficiales de ocasión y lo que es más delicado existen nombramientos de integrantes de esos organismos que tienen posturas públicas contrarias a la manda Constitucional(según investigación minuciosa realizada por el Dr. Cesar Augusto Lerena). Recordamos que la Carta Magna reza: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Por la memoria de nuestros héroes que dieron su vida en las Islas, por quienes han trabajado denodadamente por recuperar la soberanía plena, por quienes mantenemos vivo el fuego de nuestra argentinidad, por el futuro del pueblo, que estos 40 años nos encuentre a los argentinos unidos en este reclamo de llevar adelante acciones concretas para defender nuestros recursos naturales y recuperar la plenitud de nuestra soberanía en el Atlántico sud occidental, ya que no solo las Islas han sido usurpadas sino que los británicos se han extendido a casi un millón setecientos mil kilómetros cuadrados de mar que les permite extender su brazo colonial sobre el estrecho de Magallanes y las tierras del continente antártico. La batalla debemos darla en todos los frentes menos en el bélico ya que tenemos la responsabilidad de contribuir a la paz y concordia mundial.
*abogado, diplomado en relaciones internacionales, secretario relaciones internacionales PDC, Secretario General PDC CABA, autor e impulsor del Proyecto Argentina Azul.