abril 2022 - Democracia Cristiana

abril 28, 2022

Proyecto de enseñanza de Educación Sexual Integral con valores éticos

La visión de esta enseñanza de la educación sexual tiene como próposito lograr que el niño y el adolescente desarrollen una sana identidad sexual.
Que el niño y el adolescente tengan conocimiento del desarrollo psicosexual y de la etapa evolutiva por la que transitan, y así adoptar su sano desarrollo.
Que disfrute su ser sexual, como varón ó mujer, dado que ello involucra su personalidad total y no meramente el ejercicio de su genitalidad.
Por tanto consideramos cuatro dimensiones de la sexualidad a saber:

Dimensión biológica de la sexualidad
Dimensión psicológica de la sexualidad
Dimensión antrpológica-cultural de la sexualidad
Dimensión ética de la sexualidad

Creemos necesaria y fundamental la enseñanza de la educación sexual delos niños, niñas y adolescentes científica y laica; pero siempre considerando que el primer lugar donde debe ser enseñada es el hogar en esta temática que lleva intrínsecamente valores y principios de cada grupo familiar.

Debe incluir a los padres en sus programas porque la familia es la primera educadora sexual y primera en significación para el niño, ya que este nace en ella y establece allí sus primeros vínculos. Además la conducta que los padres adopten frente a la sexualidad, será recibida y resignificada por los hijos. El Estado
debe ocuparse de aquellos que no poseen este Centro de Salud Mental que es la Familia.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO CABA

La educación sexual es una necesidad básica en la formación integral de niños y adolescentes. No significa unicamente impartir conocimientos acerca del sexo y la sexualidad, sino implica fundamentalmente tener uma concepción antropólogica, filosófica y ética del hombre. No se trata de “instruir”, ins-truo:
informar, construir, brindar conocimiento científico sobre anatomia, fisiologia, higiene sexual, etc., conocimientos que tanto el niño como el adolescente pueden adquirir aún sin ser impartidos por la escuela; se trata sobre todo de educar para la sexualidad. e-duco: guiar, orientar, orientar, formar, ejercer influencia, moldear
pensamentos y conductas a fin que el educando desarrolle uma sana sexualidad como fruto del equilíbrio emocional logrado entre sus conocimientos y sus valores. Directora de Proyecto: Dra. Ana María Martín de Parini.

PROPUESTA:
Asociación de colaboración entre la KAS, ACEP y el PDC CABA, a losfines de terminar de elaborar un manual de educación sexual integral (ESI) en valores, para poder ser utilizado en las escuelas de todo el país, como
alternativa al manual que se distribuye actualmente redactado y orientado desde la ideología de género.

Hoy el Gobierno Nacional ha efectuado un convenio de colaboración para este tema con la Fundación Huésped, existiendo la posibilidad cierta que hagan un acuerdo con nosotros en forma rápida para equilibrar las posturas ideológicas en este tema en la educación.

Dr. Carlos Lionel Traboulsi

abril 28, 2022

Proyecto de Ley

Artículo 1°.- Dispóngase el emplazamiento de un Monumento a “LOS QUE NUNCA PUDIERON NACER” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El monumento a que se refiere el artículo anterior consistirá en una escultura a emplazarse en lugar a determinarse por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Salvo que se quiera pedir un lugar en particular, lo cual implica otras tramitaciones)
Artículo 3°.- La escultura, un…… (describir en que consiste)…… de ..(medida) de alto… por….(medida)…..de largo, ( sobre un basamento ¿? breve definición de cómo será emplazada, sobre qué, donde va a estar apoyada para plantarla en el suelo, está incluida en la construcción que hace la artista o es necesario que el ejecutivo haga el aporte del mismo??), creada por la artista plástica XXXXXXXXXX y ha sido donada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El monumento será inaugurado el día xx de xxxxxxxxxxx de 20xx (tal vez podría ser el Día del Niño por Nacer) por XXXXXXXXXXXXXXXXX de la Ciudad, los diputados XXXXXXXXXXXXX de la Ciudad, representantes de las Organizaciones XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, público en general
Artículo5°.- Comuníquese, etc.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El derecho a la vida es un derecho fundamental inalienable consagrado por la Constitución Nacional. La razón de este derecho hunde sus raíces en que no hay bien superior a la vida, ya que es fundamento de todos los demás derechos.
Para nuestra Constitución y la legislación civil y penal vigentes, la vida comienza en el momento mismo de producirse la concepción.
La Declaración Universal de Derechos Humanoselaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales,adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, plasma en su artículo 3° el derecho a la vida, como ideal común para todos los pueblos y naciones
El Decreto N° 1406 del 7 diciembre de 1998, sancionado por el presidente Carlos Menem, recogió estas ideas y dispuso, “dedicar un día en el ámbito nacional al niño por nacer, con el objeto de invitar a la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno.” Dejando instaurado el 25 de marzo de cada año, la celebración del Día del Niño por Nacer fecha en que la Cristiandad celebra la Anunciación a la Virgen María, en virtud de la concepción del Niño Jesús, cuyo nacimiento constituye la conmemoración más celebrada en el mundo por los cristianos.
La amenaza a nuestro bien más preciado que es la vida, siempre ha estado presente en todas las épocas de los seres humanos, y no alcanza con legislar sino que además debemos apelar a la formación de nuestros pueblos, mostrando los errores irreparables del pasado a través de la educación, la visibilización, la familia, y a través de espacios públicos y comunitarios de memoria.
Es universal el concepto de la memoria sobre hechos del pasado en el que el ser humano perdió la tolerancia, la cordura, el respeto y la humanidad, podemos traer al recuerdo a título meramente ejemplificativo el asesinato de Judíos en Europa en la segunda guerra mundial que es recordado entre otros, con un monumento en Berlín diseñado por el Arquitecto Peter Eisenman; el genocidio de pueblo Armenio en 1915, es recordado con un monumento en la ciudad Armenia de Everan diseñado por el Arq Arthur Tarkhanyan; los caídos de uno y otro bando en las guerras libradas a lo largo de la historia por los hombres, sin importar cuál de los dos bandos tuviera la razón tanto una nación como la otra honra a sus caídos con un altar para la memoria; millones de monumentos y altares en todo el mundo hacen honor a la memoria de quienes fueron privados del más valioso de los derechos que es el derecho a la vida.
Al calor de estos valores, es que surge la idea de este Monumento, como un hecho de reivindicación a los que no ejercieron el derecho de nacer, de llevar un nombre, de construir una historia y transformar la sociedad. De todos lo que fueron objeto de discriminación y violencia al no garantizarle el derecho humano esencial sin el cual el resto carece de sentido que es el derecho a la vida.
Un Monumento en memoria de quienes nunca nacieron, para convertirlo en un espacio de silencio y oración.

abril 28, 2022

Ante proyecto de Ley

Autor: Carlos Lionel Traboulsi

FUNDAMENTOS:
Y dado que en los distintos centros urbanos del país, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deambulan y se afincan en la vía pública personas sin destino careciendo la mayoría de vivienda, trabajo, asistencia médica y quizás familias, y siendo una obligación del Estado dar respuesta en protección de los derechos humanos y el bien común, por cuanto los derechos de las personas en este sentido devienen de una concepción de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto su dignidad es portadora de derechos naturales, que los conocemos como derechos humanos.
Que estos derechos son anteriores a la construcción de los Estados y por lo tanto, éstos, deben garantizarlos en su integralidad. Que estos derechos son anteriores a la fundación y construcción de los Estados y por tanto, éstos deben garantizarlos en su integralidad. Asimismo las Constituciones modernas, en este caso la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programáticamente reconocen estos derechos en forma amplia, pero los distintos gobiernos han hecho a lo largo de los años oídos parciales o sordos a estas responsabilidades.

Es por ello que deviene necesario efectuar consideraciones al respecto para evitar que se siga profundizando esta situación de necesidad moral y humana, llegando a la actualidad a la indiferencia del dolor ajeno por parte de los ciudadanos.
Debemos empezar a ver, pensar, considerar y sentir nuevamente lo que resulta necesario al prójimo y dar respuesta a ello, en particular, por parte de los distintos gobiernos municipales, provinciales y del orden nacional, en particular el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo la Situación de calle de muchas personas, en ciertos casos puntuales que deben también ser oídos y objeto de respuesta por parte del estado, afectan a los vecinos en forma directa, tanto en su tranquilidad, seguridad, patrimonio, limpieza y en casos extremos en afectación y atentado directo contra sus vidas.
Pero es que chocamos acá con un hecho incontrovertible: la escases natural de los recursos. La naturaleza -dice Santo Tomás de Aquino- en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente (Ver Suma contra Gentiles, Club de Lectores de Librería Acción, libro III, p. 225). Las necesidades son ilimitadas, pero los medios para satisfacerlas son escasos, por definición de la ciencia económica. La economización de los medios no elimina la escasez, pero sí dispone los medios del mejor modo posible dada esa escasez. Luego, es imposible, físicamente, que haya siempre de todo para todos. Por ello, expresarse de modo tal que parezca que toda persona tiene derecho a recibir mágicamente toda clase de bienes y servicios, hay un gran paso.

El principio básico es que es un atentado contra la dignidad humana el suponer que la persona tiene derecho a recibir todo sin la mediación de su trabajo y esfuerzo, como si fuera un animal sin inteligencia y voluntad. Sin dudas, surge aquí la cuestión acerca de qué hacer con aquellos absolutamente incapacitados para cuidar de sí mismos, y que no están atendidos por la familia o alguna sociedad intermedia.

Según todo lo anterior, debemos aclarar, aunque sigamos con ello chocando contra paradigmas habituales, que un derecho implica una capacidad jurídica de hacer tal o cual cosa -o no hacerla- pero una capacidad de hecho de realizarla. No deben quedar desatendidos los discapacitados referidos y existe una normativa vigente.

La tan declamada “igualdad de oportunidades” debe entenderse con cuidado. Todas las personas deben ser respetadas en sus derechos, y en ese sentido, la igualdad ante la ley implica necesariamente la igualdad de oportunidades jurídicas para todos. Pero, conforme a todo lo anterior, si “oportunidades” significa cualquier hecho fruto de la diversidad de talentos humanos y/o de la escasez natural de recursos, entonces, otra vez, la “igualdad de oportunidades” es literalmente un imposible que no puede ser necesariamente fuente del derecho.

Somos conscientes del natural desacuerdo que habrá con nuestra negativa a aceptar una expresión tan generalizada, pero los filósofos sólo se arrodillan ante la verdad. Las oportunidades, fruto de la natural desigualdad humana accidental y de la escasez de recursos, son por definición desiguales, lo cual no quita que una sociedad respetuosa de los derechos del hombre, brinde mayores oportunidades para todos. Pero “iguales” oportunidades, más allá de la igualdad ante la ley, implicaría que deben ser iguales la salud, las fuerzas, los talentos, la inteligencia y los patrimonios o las fortunas de todos los seres humanos más allá de su igual naturaleza. Hay un famoso párrafo de León XIII al respecto: “Establézcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetadala condición humana, que no se puede igual en la sociedad civil a lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, ni la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Todo eso en correlación perfecta con los usos y necesidades tanto de los particulares cuanto de la comunidad, pues que la vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres, más que nada, por la diferente posición social de cada uno.” (Ver Encíclica “RerumNovarum” en Doctrina Pontificia, BAC, Madrid, 1964).

Desde luego, nada de lo que estamos diciendo contradice que, dado el destino universal de los bienes y el derecho a la vida, sea inmoral y hasta antijurídico que existan grandes áreas de la población sumidas en una miseria absoluta. Una buena política económica -que en gran parte emerge naturalmente del respeto a los derechos del hombre- implica una progresiva extensión y crecimiento de la cantidad de recursos para toda la población y, como dijimos, mayores oportunidades, consiguientemente, para todos. Este es un punto central del humanismo cristiano: la elevación del nivel de vida de toda la población -lo cual no significa un igualitarismo absoluto.

En síntesis, querríamos citar al experto chileno en Doctrina Social de la Iglesia, J.M. Ibáñez Langlois, cuyo pensamiento resume bien lo que decimos: “…ciertas enumeraciones de los derechos humanos, en exceso lineales por una parte y demasiado extensas por otra, pueden dar una idea equivocada de su naturaleza y provocar un desgaste en su sentido mismo. La propia Declaración de la O.N.U. incurre en este defecto al incluir, junto a los que llama “derechos políticos y civiles” -derechos más propiamente naturales- aquellos que llama “derechos económicos y sociales”, incorporados a la Constitución Nacional en varias convenciones internacionales del inciso 22 del art. 75, algunos de los cuales -v.gr., el derecho a vacaciones periódicas con goce de sueldo- no son derechos naturales en sentido estricto, sino aspiraciones más o menos universales a diversas formas de bienestar que resultan muy deseables, pero que no responden a la categoría lógica de “derecho”: más bien son “ideales” o desiderata que dependen en gran medida de la circunstancia económico-social.

Un derecho propiamente dicho es tal, que nadie puede verse privado de él sin grave injuria, sin afrenta a la justicia misma. Es la justicia, pues, la que debe imponer un límite y una jerarquización a los derechos humanos si se quiere evitar la retórica al respecto y conservar su sentido fuerte de derechos naturales.” (Véase su libro Doctrina Social de la Iglesia, Editorial Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1987, pág. 94).

Es por ello que La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1: Todo funcionario público deberá actuar inmediatamente al advertir personas en situación de calle o abandono, deambulando o afincando en la vía pública con signos claros y precisos de carecer de los mínimos medios de subsistencia que se requiere en una sociedad moderna.

Artículo 2: La intervención debe consistir en la acción de hacer cesar dicha situación dando intervención a los equipos interdisciplinarios y/o especializados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primer lugar, y de ser necesario a los de las fuerzas de seguridad. Esta intervención no significa criminalización de la ocupación de la vía pública, privada o mixta, sino un actuar en resguardo del respeto de los derechos humanos que le corresponden a las personas, que deben ser garantidos por el Estado.

Artículo 3: La intervención de los equipos interdisciplinarios y/o especializados existentes o a crear, deben procurar en forma inmediata controlar el estado de salud de la persona, identificarlo adecuadamente y empadronarlo a los fines de un seguimiento del mismo, indagar relaciones familiares existentes, situación patrimonial y todo otro dato que fuere necesario para realizar un amplio diagnóstico de la situación para dar respuesta inmediata a las necesidades insatisfechas. Asimismo deberá hacerse un amplio estudio psiquiátrico a los fines de determinar el estado de salud síquico y posibles alteraciones que puedan ser perjudiciales para sí o hacia terceros y, en su caso poder hacer el tratamiento y control adecuado para su recuperación o internación en instituto especializado.

Artículo 4: Si de la información recabada surge la existencia de familiares, los mismos deberán ser convocados en forma inmediata y hacerse cargo de la situación. En caso de no ser ello posible por decisión de la familia, deberán afrontar económicamente losgastos que efectúe la Ciudad a los fines de garantir los derechos esenciales de la persona. De no ser ello tampoco posible deberá el estado por sí afrontar los gastos que ello demande.

Artículo 5: Toda persona que abandone a otra sin causa justificada y teniendo medios para no hacerlo, será sancionada con el pago de un bono mensual cuyo monto la ciudad por una resolución del Jefe o vice jefe de Gobierno determinará anualmente, destinando los fondos así obtenidos a una Caja Especial destinada exclusivamente a cubrir los gastos de las personas en situación de calle o abandono. La infracción tendrá carácter de título ejecutivo a los fines de su ejecución por medio de la Justicia de la Ciudad.

Artículo 6: Crease el fondo de ayuda a las personas en situación de calle o abandono (FODA.P.ESCA) dependiente del Ministerio de Promoción y Acción Social del GCBA, el que estará integrado por las multas particulares establecidas en el artículo 5 de la presente y por el 0,01 % de la contribución que por Alumbrado, Barrido y Limpieza pagan los vecinos de la CABA.

Artículo 7: Siendo una función de la Ciudad dar respuesta a las necesidades de las personas deberá proyectarse una campaña de difusión a los fines que los vecinos entiendan la necesidad de dar aviso del hallazgo de personas en situación de calle o abandono evitando dar auxilio por sí a estos, y supervisando que la Ciudad lo haga.

Asimismo los vecinos podrán efectuar las donaciones de vestimenta, calzados y alimentos no perecederos al GCBA,además de la labor de Caritas, Sociedad de San Vicente de Paul, Asociación de San Vicente de Paul,

Pequeño Cotolengo de Don Orione y otras instituciones especializadas en la caridad, para lo cual deberá crearse un ropero y una almacén públicos de la Ciudad que serán los encargadas de recoger todas las donaciones efectuadas por los vecinos y sumado al aporte de la Ciudad, serán objeto de distribución a los necesitados dentro del ejido de la CABA. En estos ámbitos se dará actividad laboral a las mismas personas en situación de calle de acuerdo a sus capacidades.

Artículo 8: A los fines de una respuesta integral y con carácter de inmediatez al necesitado, sin mengua de las instituciones reseñadas en el artículo 7 de cada Parroquia, deberán construirse en cada comuna una Casa Pública de la Ciudad donde dar la contención espiritual y material, como así la capacitación adecuada que permita la reinserción en la sociedad de las personas en crisis, la que podrá ser administrada por asociaciones civiles o religiosas, con el control de los comuneros. Transitoriamente se les deberá asignar un alojamiento en casas de tránsito o hotel corriendo los gastos por el GCBA del fondo a crearse.

Artículo 9: Será penado con inhabilitación por un año y/o pena de un mes a dos años de prisión y multa del 10% de sus ingresos mensuales en la función pública durante 12 meses destinado al FODA.P.ESCA, aquel funcionario público civil o de fuerzas de seguridad que tomando conocimiento en forma personal o por terceros de una situación descripta en el artículo 1 de esta ley no cumpliera con lo establecido en esta norma.

Artículo 10: Deforma

abril 28, 2022

Liberar al campo del cepo del Estado y no olvidar nuestro potencial marítimo

Nota realizada para el diario Clarín.

El sábado 23 de abril de 2022, y como si fuera un “volver al pasado”, los trabajadores, empresarios del campo junto a una importante parte del pueblo salieron en todas las ciudades importantes del país y en especial en la emblemática Plaza de Mayo, para reclamar sobre distintos aspectos que afectan a la ciudadanía y al campo en particular.

Una cara de la Argentina que produce y que está asfixiada por la presión impositiva que el gobierno nacional les impone por una convicción errada de alimentar un estado elefantiásico que necesita devorar cada vez más los bolsillos de quienes generan riquezas, en vez de reconstruir el estado desde el principio de “subsidiariedad” que promueva el desarrollo de los particulares dando respuesta a la pobreza estructural. Tanto estado como sea necesario y tan poco estado como sea posible.

Hoy el Estado coloca las dos manos sobre el campo, asfixiándole y generando el efecto contrario al buscado, ya que no logra detener la inflación ni la falta de trabajo, y muy por el contrario reduce la posibilidad de divisas al desestimular la producción nacional, cuando de ser distinta la postura disminuyendo al mínimo los impuestos o incluso derogando algunos, se aumentaría exponencialmente la producción, el trabajo y los ingresos, teniendo a su vez mayor recaudación el Estado para hacer frente a las necesidades esenciales.

La situación que vivimos es producto de la miopía de la dirigencia en su inmensa mayoría que solo tiene internalizado al campo como camino de construcción de la Argentina, dejando de lado la otra parte esencial de nuestro país que es el mar.

Efectivamente la Argentina cuenta con una extensión de 6816 kilómetros lineales de costa y más de 6 millones quinientos mil kilómetros cuadrados de plataforma continental y mar que representa más de dos veces y medida el territorio terrestre.

Una inmensidad virgen que nos está esperando para llevar adelante su colonización en el siglo XXI, la que a partir de una seria planificación a 20 años nos permitiría duplicar el Producto Bruto Interno aumentando el ingreso per cápita a niveles de los países mas desarrollados de la tierra, terminando con la pobreza estructural dando previsibilidad y bienestar a nuestro pueblo.

Debemos reinventarnos como país marítimo, dejar de estrujar y asfixiar al campo, asumiendo una nueva visión estratégica desarrollando una matriz productiva industrial donde el mar asuma un rol protagónico.

El nuevo camino de la Argentina debe ser conocimiento, campo, mar y cuidado del medio ambiente. Si nos concientizamos que tenemos todas las condiciones para hacerlo, podremos dar respuesta a los graves y grandes problemas que padecemos, sin necesidad de sufrimiento, simplemente con visión estratégica, mucho trabajo y voluntad política que permita generar una política de estado en este sentido señalado, lo que permitirá recuperar la confianza, detener la inflación y fortalecer la moneda sin necesidad de elucubrar soluciones mágicas o entreguistas, como la posible dolarización de la economía. Necesitamos “industrializar” la economía lo que permitirá producción y fortalecimiento de la moneda.

Nuestro país no tiene problemas económicos; padece la ausencia de proyecto de país y de una adecuada política financiera que equilibre las cuentas de ingresos y egresos.

En los últimos 39 años, desde que se retomó el sendero democrático, tuvimos 29 ministros de economía y nadie dio una respuesta perdurable en el tiempo, es más la Argentina no ha encontrado su rumbo y cada vez está peor. Esto demuestra claramente que siendo un país presidencialista, donde votamos a un presidente, no hay propuestas claras ni serias de país y se busca en una persona mágica, denominada economista, que asumiendo el ministerio de economía con su plan personal nos lleve por el camino de la bonanza.

Basta de esperar de una persona y más aún de un economista para que nos saque de la frustración que vivimos como país.

La solución no está en los libros doctrinarios ni en las vivencias de otros países, la solución esta en la sana comunidad política que pueda proponer un proyecto serio y realizable de país, que lo pueda asumir con coraje, transparencia y generando confianza, sumando a los técnicos economistas y de las distintas áreas a los fines que estos ejecuten el mandato político. Todo al revés de como vivimos los argentinos, en donde votamos un presidente, pero después estamos esperando que técnico, que no fueron votados, entrando por la ventana nos saquen de los problemas.

La política y la vida de los pueblos no surgen de los textos literarios, nace de la experiencia y necesidad de cada uno de los que conforman la nación, siendo los políticos con mayúsculas, los que se prepararon para ello, con auténtica vocación de servicio, con honestidad y transparencia, los encargados de interpretar y llevar adelante esas necesidades y anhelos para construir una gran nación. Somos muchos los que cumplimos con esas cualidades, solo hace falta que tengamos ganas de abrir los ojos para ver otras cosas y nuestros oídos para escuchar otras propuestas. Una nueva Argentina es posible si entendemos que el cambio está en el mar complementado con nuestro campo.

Carlos Lionel Traboulsi es secretario Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano.

abril 27, 2022

Ante proyecto de Ley

ANTE PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.-Dispóngase la implementación del Plan PROYECTO DE SEGURIDAD HOSPITALARIA Y FRONTERA INTERNA que tiene por objetivo estrategias de prevención de hechos de violencia, supresión del delito en el ambiente, control sanitario y jurídico migratorio.
Artículo 2°.-El diseño, realización y seguimiento del Plan está a cargo de trabajo del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los diferentes actores sociales, Ministerio de Seguridad, Fuerza de Seguridad distrital, Ministerio de Cultura y Educación, Defensoría del Pueblo y gremios de trabajadores del Sector Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los diferentes actores sociales realicen estadística, y evitando acciones violentas en el ámbito sanitario (hospitales públicos), que en ella se incorpore las medidas tomadas, las penas indicadas y las rehabilitaciones en el área y cuál de los actores ha participado considerando positivo no solamente la pena sino la rehabilitación para la re-inclusión social, se realice análisis situacional y diagnóstico, de manera expeditiva, franca, considerando un relevamiento de los últimos cinco (5) años.
Artículo 4°.-A través de la tecnología comunicativa divulgar con la colaboración de las juntas comunales, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los diferentes actores sociales; las Comunas deben suministrar información a la población a través de campañas de concientización para el acercamiento y la toma de conocimiento de la misma desde la comunidad vinculada a los hospitales públicos, teniendo como objetivo aumentar el nivel de compromiso de la población sobre salud pública y evitando acciones violentas en el ámbito sanitario en general.

Artículo 5°.-Para agilizar la atención por guardia y prevenir conflictos se requiere la integración de un Médico Orientador (Triage), (utilizado en algunos hospitales dando muy buenos resultados como es el caso del Hospital de Niños Garrahan), su función de evaluador de urgencia, emergencia o derivador para atención para consultorios externos,ya que un alto porcentaje de los ingresantes a la misma son para estos últimos y no producir gastos en tiempo invertido, recursos humanos, insumos, e igualmente se va a su domicilio sin grandes cambios al de su ingreso. El médico orientador puede evaluar con su equipo de trabajo, compuesto por enfermera, psicólogo, asistente social,para pacientes ambulatorios. Este equipo se encargaría de crear un entorno saludable, un estilo de vida sano, prevenir riesgos y daños y recuperar la salud y realizar un análisis situacional local evaluatorio, temporal y estadístico. La evaluación e instrumentación de protocolos de coexistencia y códigos de conducta que enumeren, derechos y obligaciones de todos los trabajadores de la salud, seguridad, pacientes, familias y añadidos.

Artículo 6°.-Seguridad hospitalaria: el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la designación de una división especial de seguridad hospitalaria de la policía metropolitana entrenada para esta área específica, la instalación de cámaras para control local en cada hospital y otro centralizado de todos ellos para obtener no solo una rápida respuesta local, sino un apoyo de la dependencia policial más cercana al mismo. La cantidad de cámaras y agentes designados corresponderá a determinados parámetros: necesidades del hospital, antecedentes de violentos en los mismos.

Artículo 7.- También la utilización de botones antipánico para los trabajadores de la salud. Los cambios edilicios de cada hospital para que se puedan realizar los puntos anteriores dependerán de la estructura preexistente en cada uno de ellos.
Artículo 8°.-El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Airestendrá que procurar conductas tendientes a mejorar el otorgamiento de turnos hospitalarios, disminuyendo tiempos de espera en la atención médica para personas situacionalmente vulnerables, o no evitando malestar en la población y posibles hechos tendientes a la violencia.Deberá procederse a un análisis de la situación de cada nosocomio e incorporar donde las circunstancias lo ameriten un número necesario e indispensable de profesionales médicos(terapistas, anestesistas, otros) y de enfermería, según el tenor receptivo de guardia como de consultorios; ampliación del horario de atención en consultorios de 14 a 20 hs para facilitar el acceso a la salud de la comunidad, evitando en las guardias aglomeraciones e incomodidades; jerarquizar y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y auxiliares de la salud, con los respectivos cambios edilicios indispensables, según la estructura del hospital en cuestión.
Artículo 9°.-La colocación de oficinas administrativas de migración en cada hospital, para extranjeros que se atiendan en hospitales de C.A.B.A., integrada por empleado administrativo y la seguridad a cargo de gendarmería. La finalidad sería prevención Sanitaria y Jurídica, considerándola una Frontera Interna. Los mismos al ingresar a los hospitales lo harán mediante el registro de huella digital electrónica para futuras consultas, integración de planes de Salud, estadísticas Sanitaristas y control poblacional. La atención del extranjero va a ser garantizada sin discriminación ni exclusión, haciendo respetar y respetando Nuestra Constitución Nacional.
Artículo 10°.- Anualmente, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entrega en la Legislatura ante la Comisión de Salud, una evaluación integral del Plan que incluye el detalle de las acciones realizadas en su marco y las metas alcanzadas, habría que agregar las mismas condiciones por cada actor participante de cada área con evaluaciones marcatorias de acciones y resultado.
Artículo 11°.-Los gastos que demande la ejecución de la presente son imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Cultura y Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 12°.-Comuníquese, etc.

Dr. Miguel Ángel Di Grazia

abril 27, 2022

Creación del Ministerio de la Familia

FORMA REPUBLICANA, CÓNYUGES, FAMILIA Y VIDA HUMANA: LA NECESIDAD DE UN MINISTERIO FEDERAL DE LA FAMILIA.

La Democracia Cristiana es la expresión doctrinaria y movimiento moral cultural y político nacional que defiende la forma republicana, acorde a los principios ético-morales objetivos que reconoce que el poder, “invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia”, como dice el Preámbulo de nuestra Constitución, reside en el pueblo y es éste su facultad de elegir y controlar a sus gobernantes.

Reconoce el matrimonio y la familia como célula básica de la sociedad, compuesta por una pareja, núcleo estable, íntegro, permanente, conyugal, unidos por lazos legales -siguiendo a Castán Tobeñas, Rosmini y Miraglia- y religiosos, que viven con fin de amor y de ayuda mutua, de reproducción o para traer hijos a la existencia y su educación, para el crecimiento o desarrollo de la comunidad, única forma de evitar la extinción de la etnia humana y, por el contrario, poder llevar adelante una adecuada política poblacional que salde la deuda histórica Argentina, pudiendo desarrollar armónica e integralmente todo el territorio nacional. En todas las relaciones humanas debe estar presente el amor, consiguientemente, también en las relaciones entre hombre y mujer. “ Ese verdadero amor, por su propia naturaleza, implica una donación de nuestra propia persona a la otra. Ese género está presente en todo tipo de amor; en el amor entre hombre y mujer, su diferencia específica es que está orientado hacia la sexualidad como su modo habitual de expresión y hacia la procreación y educación de los hijos como resultado y fin natural de ese modo de expresión del amor. Por eso, ese amor es total” y estable o “permanente” e íntegro. (ver Zanotti, Gabriel, “El Humanismo del futuro”, Buenos Aires, 1989, pág. 200).

Asimismo, como grupo humano en sentido amplio, la familia integra ascendientes, descendientes y demás personas, relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal.

Se satisfacen, así, necesidades elementales de las personas, como el alimento, vestido, hábitat, salud y educación. Además, se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, su integración en la sociedad y la base principal de sustentación de cualquier proyecto nacional.

La unión matrimonial en la familia reconocida y respetada, y su promoción por el Estado asegura a sus integrantes o miembros estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente la socialización y conductas, a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como niños y niñas, así como personas humanas en lo individual y comunitario.

Como dice Gabriel Zanotti: “Entonces, el amor entre hombre y mujer implica, si se ha decidido practicarlo, que la donación de la persona hacia otra es completa (espíritu y cuerpo) y permanente, pues si fuera limitada en el tiempo ya no sería completa. De allí se deduce, por medio de la razón, que ese amor se comienza a ejercer verdaderamente con un compromiso monogámico (implicado porque la donación es completa y total y permanente, estable e íntegro (dado el mismo motivo).” (ver “El Humanismo del Futuro”, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1989, pág. 200). Sin embargo, existe lo que se ha dado en llamar “nueva unión”, por lo que sociológicamente conocemos la existencia de familias ensambladas, monoparentales, etcétera.

En este sentido, se debe atender, de acuerdo al art. 57, inc. 23 de la Constitución a la “seguridad social” de la mujer embarazada y al “niño en situación de desamparo”. Desde la reforma constitucional de 1994, se dedican instituciones privadas y públicas a esta labor. Ejemplos de cada supuesto de los mencionados, en la Capital Federal, es la Casa Nuestra Señora de Nazareth, en la avenida Belgrano 2944; la labor encomiable de la Institución Amparo Maternal, que brinda un ambiente de contención físico-emocional, y ayuda a completar estudios primarios, realizar cursos de peluquería, enfermería o computación hasta que las madres encuentran una salida a su problema; la Fundación Conín, que funciona en casi todas las provincias del país, encabezada por el Dr. Abel Albino; el Programa de Prevención del Abandono de la Dirección Nacional del Menor y la Familia. Como decía Ortega y Gasset: ¡argentinos a las cosas. Pongamos, pues, manos a la obra y no pretendamos que descanse nuestra conciencia en una cláusula constitucional. (ver G. Balcarce, Andrés, La Constitución y la vida, miércoles 21/6/1995, diario “La Prensa”, pág. 12)

Resulta conveniente y necesario la suspensión del Código Civil y Comercial, por atacar nuestra idiosincrasia en lo que hace a la familia y al matrimonio, entre otras fuertes razones que hacen a otros tópicos, además de que no se respetó el procedimiento de sanción de las leyes que marca la Constitución y el reglamento de las Cámaras del Congreso.

Situación actual:

Por otro lado, lamentablemente, a veces, el rol educador del matrimonio y de la familia se traspasa, en parte, a la escuela o colegio de los niños, siendo usurpada la función de transmitir valores, actitudes y hábitos de los padres por los niños y jóvenes en muchos casos, influenciados axiológicamente mal por los amigos, los medios de comunicación, la escuela y en casos no queridos la calle.

1) Por diversos motivos va creciendo el número de uniones de hecho y convivencias a prueba de las parejas. … En una época donde se valorizan más los sentimientos que los compromisos, son cada vez más las parejas que, siguiendo costumbres sociales relativamente antiguas (sobre todo en los sectores rurales) o prácticas culturales más actuales… sin formalizar su unión civil ni religiosa.

Es cierto que, en ocasiones, “no es raro encontrar uniones de hecho que contienen, incluso desde su inicio, una voluntad de convivencia, en principio, auténtica, en la que los convivientes se consideran unidos como si fueran marido y mujer. La pobreza, resultado a menudo de desequilibrios en el orden económico, …representan para ellos graves obstáculos en la formación de una verdadera familia.”

En otros casos en cambio, las uniones a prueba son expresión de la liberalidad de la cultura reinante, así como de los temores que experimentan las personas y las “precauciones” que toman en previsión de posibles errores y fracasos. Estudios estadísticos indican, sin embargo, que las parejas que conviven antes de casarse “para probar” no perseveran más en el matrimonio después que éste se celebra, sino menos. Esta aparente paradoja tiene su explicación; las así llamadas “estrategias reductoras de riesgo” tendrían efectos que fomentan la separación de la pareja ya que encarnan una lógica individualista: no es la estabilidad de al pareja lo que se fomenta, pero sí, probablemente, la de la persona invidual en relación a los avatares de la relación de pareja.

2) “Motivos diversos, como incomprensiones recíprocas, incapacidad de abrirse a las relaciones personales, etc., pueden conducir dolorosamente el matrimonio válido a una ruptura con frecuencia irreparable. La soledad y otras dificultades son a veces patrimonio del cónyuge separado, especialmente si es inocente. En este caso la comunidad debe particularmente sostenerlo, procurarle estima, solidaridad, comprensión y ayuda concreta de manera que le sea posible conservar la fidelidad, incluso en la difícil situación en la que se encuentra; ayudarle a cultivar la exigencia del perdón, propio del amor y la disponibilidad a reanudar eventualmente la vida conyugal anterior.

3)Con amor, es de desear estar cerca de los separados o divorciados vueltos a casar. Es necesario que la comunidad pueda ofrecer espacios para acoger a las personas divorciadas y en nueva unión, a fin de brindarles ayuda y en la elaboración de sus experiencias que, con seguridad, dejaron secuelas y acarrearon consecuencias para sus vidas y la de sus hijos. La experiencia indica que la ruptura de un vínculo tan importante muchas veces representa para las personas involucradas una cierta experiencia de “derrumbe” y hasta de “muerte” anímica. Se necesita vivir un proceso de duelo que abra paso a la resiliencia. … La vivencia comunitaria puede hacer aportes muy valiosos para acompañar estos procesos. En un clima de afecto y respeto, diálogo, las personas que viven estas situaciones pueden encontrar en la reflexión compartida y en los vínculos fraternos el aliento necesario para continuar sus vidas con sano optimismo. Además, será muy importante asesorar prudentemente a las personas que se acerquen cuestionándose o solicitando la nulidad de su matrimonio.

OTROS ASPECTOS:

Es necesario también reconocer, deplorablemente, en varios casos, que en nuestros días los ancianos por falta de lugar en la vivienda, se derivan a hogares dedicados especialmente a ellos y su cuidado. El rol educador del matrimonio y de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o colegio de los niños y la función de transmitir valores, actitudes y hábitos no siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de recursos económicos. Y, por otro lado, son los niños, adolescentes y jóvenes influenciados por malas compañías, los medios de comunicación, que no tienen una ley de servicios audiovisuales, como la actual, que los preserve en la moral y valores de la familia, que eleven el nivel cultural de la población, porque el organismo que los supervisa no tiene normas para aplicar sanciones en estos sentidos, la escuela y en casos no queridos las mismas calles.

CONCLUSIÓN:
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL MINISTERIO FEDERAL DE LA FAMILIA

El Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal, como aporte a la construcción de una nueva sociedad fundada en valores y principios humanista, propone la creación del Ministerio Federal de la Familia, como funciona en Alemania desde 1969, y también en nuestro país en la Provincia de Chubut, que tendrá como misiones y funciones el promover el matrimonio y la familia y sus integrantes en toda su extensión, coordinando y supervisando con todos los demás Ministerios las acciones jurídicas, sociales, económicas y de gestión para cumplir con dicho fin, evitando contradicciones de gestión, con el fin de construir una base sólida de un proyecto nacional de humanismo auténtico, auténticamente liberador, plural y al servicio de las familias y del pueblo en la República Argentina.
Asimismo este Ministerio coordinará y trabajará en un plan integral de la familia y de la vida humana, con normativas y leyes de protección a la maternidad y de seguridad social a la mujer embarazada y al niño en situación de desamparo; un apoyo a las diversas situaciones de familias en crisis; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; un plan federal de lucha contra la pobreza infantil, junto con las redes de apoyo a las madres (art. 75, inc. 23 de la C.N.) y a los padres; planes específicos de reinserción laboral, reforzada por la atención a la familia; actualización y agilización de los procedimientos de acogida y adopción; ampliar con sensatez el permiso de paternidad. Fortalecer el vínculo familiar para lograr desde allí la protección de las personas: educación del menor, erradicar el femicidio, asistir al anciano. realización de las personas en su intimidad.
Hay mucho para hacer en la legislación social, laboral e incluso fiscal, para que el desarrollo integral de las personas se realice en el seno de sociedades intermedias básicas alcanzando aquello a lo que el Estado no llega ni ha querido llegar. La Democracia Cristiana está en condiciones con sus dirigencia y convicción de pensamiento de construir una herramienta apta desde el Ministerio propuesto para promocionar y garantizar la dignidad de la persona humana como motor y fundamento de una sociedad que nos incluya y nos garantice felicidad a todos y cada una de las personas que habitan el suelto argentino.

Junta Ejecutiva
Mesa Honorable Convención Metropolitana
Partido Demócrata Cristiano, Capital Federal/Ciudad Autónoma de Buenos Aires

abril 27, 2022

¿Hay decisión de entregar nuestros recursos marítimos?

El Gobierno Nacional está ignorando nuestra soberanía sobre los intereses nacionales y recursos estratégicos marítimos y fluviales.
Por Carlos Lionel Traboulsi *

La Argentina está en una situación muy delicada donde los índices económicos son negativos, la situación social muy crítica y la inseguridad totalmente desbordada, nada nuevo para el lector.
Frente a esta situación objetiva, el Gobierno Nacional no tiene un plan adecuado para poder marcar un rumbo creíble y posible que permita a los argentinos recuperar la esperanza y encauzarse sin grieta hacia un porvenir promisorio.
Muy por el contrario hay una miopía tan grande que teniendo la posibilidad de llevar adelante un modelo de desarrollo sustentable e innovador, sin darse cuenta o lo que puede ser más grave con conciencia plena de ello, lo boicotean entregando nuestras riquezas y futuro a manos extranjeras.
El cambio está en el mar. Una nueva visión estratégica de la matriz productiva donde el mar se erija en forma protagónica junto con el conocimiento, la industria genuina del campo y el cuidado del medio ambiente es el camino.
Ahora bien cuando analizamos el proyecto de presupuesto nacional 2022 en estudio en el Cámara de Diputados de la Nación, herramienta esencial que determina el rumbo y metas de un gobierno, observamos que las partidas destinadas a una implementación de políticas con perspectivas de género ascienden a algo más de DOS BILLONES DE PESOS, una cifra que equivale al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Estas partidas tienen el eje en el fortalecimiento de la infraestructura de cuidados y la inclusión de mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía.
Este proyecto de ley madre ubica a las mujeres y diversidades ya no solo como destinatarias en las medidas de protección ante la crisis del COVID y situación económica, sino también en la estrategia de recuperación y desarrollo.
En teoría suena muy promisorio, pero en la práctica advertimos que para el desarrollo logístico destinado al cuidado y protección de nuestros intereses nacionales y recursos estratégicos marítimos se destinan CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, menos de los SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS que destina la Provincia de Buenos Aires en el plan “platita” para que los chicos que egresan de la escuela secundaria puedan disfrutar de su viaje de fin de curso.
Es decir que un sector esencial de la economía como es el mar, se deja al cuidado de los depredadores piratas que anualmente se llevan más de CUATRO MIL MILLONES DE DOLARES,ya que la Armada Argentina con esta partida podría patrullar UN día a la semana durante los 365 días del año.
La ceguera de la gestión del gobierno permite que OCHO BILLONES DE PESOS, 4 veces más de lo destinado a políticas de género, se la lleven los barcos depredadores de nuestro Atlántico Sud Occidental.
El panorama es poco alentador, se quiere beneficiar a las mujeres para que sean parte protagónica en el desarrollo económico pero se le impide el acceso a los beneficios de nuestros recursos e intereses estratégicos marítimos y fluviales, lo que convierte ese abultado dinero destinado a esas política con perspectiva de género en cajas negras para la actividad militante y política, terminando en definitiva perjudicando el desarrollo e inclusión real en la economía de las mujeres.
Necesitamos un Presupuesto Nacional que marque y permita rumbos de crecimiento económico que genere puestos de trabajo genuinos e ingresos reales para dar dignidad a las personas construyendo un sistema de igualdad de oportunidades.
Sin posibilidad de crecer e inversión la Argentina es inviable, convirtiéndose las políticas de perspectivas de género que tienen como horizonte genuino la igualdad y protagonismo de las mujeres, en meros relatos para que políticos y funcionarios sigan viviendo de la “teta” del Estado a costa de la ya exagerada presión tributaria que una parte reducida de la sociedad viene soportando.
Una gran Argentina olvidada a la que le damos la espalda nos está esperando para que varones y mujeres en igualdad y paridad de oportunidades recuperemos la esperanza y seamos protagonistas en la construcción de la gran Nación que nos ubicará, nuevamente, en los primeros lugares de los países más ricos del planeta. Solo hace falta decisión política y llevar adelante como política de estado el desarrollo de nuestro mar y dejar de lado el relato ideológico.
*abogado, diplomado en relaciones internacionales, autor e impulsor del proyecto Argentina Azul.

abril 26, 2022

Propuesta de Seguridad en el CABA

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
JUNTA EJECUTIVA

PROPUESTA DE SEGURIDAD PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. EN PARTICULAR Y LA ARGENTINA EN GENERAL

Introducción:

Ante la creciente inseguridad que viven los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que es un problema generalizado en todo el país, es necesario asumir el problema sin rodeos para lo cual es imprescindible tener voluntad política para ello por parte de los gobernantes y de la clase dirigente. En este sentido el partido Demócrata Cristiano considera que se ameritan cambios importantes en la legislación vigente como así en la estructura y actitud operativa de las fuerzas policiales.
Es necesario destacar que el tema de la inseguridad es un tema transversal que afecta a toda la sociedad en su conjunto, en todas las áreas de la vida de las personas, por lo que la solución no pasa por una sola medida, sino que debe ser una batería de acciones concretas que van desde lo legislativo, educativo, conductas éticas y probas, inclusión social, respeto a los derechos humanos desde una concepción integral y resguardo de los menores para no creer que achacando las consecuencias en ellos se solucionan los problemas automáticamente.
Los menores no deben ser criminalizados ni estigmatizados, pero ello no significa que no deban ser parte de una sociedad donde los premios y castigos, los derechos y las obligaciones/deber y la igualdad real de oportunidades, sean el rumbo elegido por todos para vivir en lo que podemos definir como una familia segura.
Si por medio del Código Civil facultamos a un adolescente a tener su propio abogado, a decidir sobre ciertos tratamientos médicos, a ejercer por sí mismo acciones legales ante la presunción de su madurez (arts. 25 y siguientes del CCyC), también se debe poner sobre ellos las responsabilidades pertinentes de sus actos. En especial, de los que violan la ley. En varios países de América Latina la imputabilidad está fijada en 12 y 13 años. (Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay; etc.), pero también debemos recordar que ya desde el Imperio Romano la edad de dejar de ser impúber era a los 12 años y en la ley judía a los 13 años, incluso en nuestro país la edad de inimputabilidad era de 13 años hasta que llegó la ley del represor Jorge Rafael Videla en el año 1980 de menores que hoy todavía sorprendentemente nos rige y que muchos pretenden defender.
Hecha esta introducción del tema que nos muestra que no podemos analizar y buscar soluciones a la cuestión de la inseguridad tomando ello como una rivalidad entre la baja de la edad de la inimputabilidad contra la inclusión social de los menores, y menos aun pensando que con la represión se soluciona todo, ya que la experiencia mundial nos muestra que sucede todo lo contrario, vamos a sintetizar algunas propuestas que no tienen el sentido de ser la verdad revelada sino el aporte para una lluvia de propuestas que integradas, darán seguramente respuesta definitiva al tema de la inseguridad en nuestra Patria.

Código Contravencional:

En el primer aspecto es necesario introducir en el Código Contravencional las figuras del merodeo, acecho y averiguación de antecedentes con las limitaciones pertinentes que impidan el posible abuso policial, pero que a la vez faciliten el actuar rápido y eficiente de la policía en su función preventiva.
Estas medidas tienden a dar herramientas operativas al personal de seguridad para poder actuar preventivamente, siendo el accionar de los preventores debidamente supervisado a los fines de evitar los excesos que dieron en su oportunidad los argumentos para la derogación de los llamados “edictos policiales”.

Código Penal:

En segundo lugar es menester aumentar la pena mínima a un año para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad –arts. 237, 238 y 239 del Código Penal – impidiéndose expresamente el beneficio de la excarcelación a los autores, como así se verá agravado en un tercio todos los delitos que tuvieren algún tipo de enfrentamiento violento o resistencia con el personal policial y/o de seguridad. En igual medida se deberá aumentar el mínimo en los arts. 248, 249 y conc. del Código Penal para el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos (policías y/o personal de seguridad) a un año de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación permanente para poder ejercer nuevamente funciones públicas. Estas medidas últimas tienden a recomponer nuevamente el respeto institucional y la confianza de la población en el personal policial. Necesitamos personal de seguridad probo.
El Derecho Penal es precisamente la facultad del Estado de imponer sanciones para la protección de la convivencia social, actuando ante las consecuencias, no sobre las causas, por ello es que todas las medidas deben ser integradoras.
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Sistema Operativo y Educativo Policial:

En la parte operativa será menester redistribuir el personal policial en las calles de la Ciudad en actitud prevencional pero con capacidad efectiva de acción, en permanente movilidad de control barrial y comunicación con una central comunal (deberán establecerse 15) y una central general, para ir estructurando un mapa delictual y de novedades al momento, que permita el accionar efectivo y preventivo de la fuerza. La mano del Estado debe llegar antes que el delincuente actúe, esta debe ser la premisa de todo el sistema operativo.
Es necesaria la capacitación profesional del personal y el diario entrenamiento físico para estar preparados ante situaciones límites. Las seccionales policiales deben quedar con una guardia mínima y toda la parte administrativa, control de legalidad y judicial debe quedar en manos de abogados recibidos y sin matrícula profesional que deberán efectuar 6 meses de servicio civil obligatorio a los fines de obtener la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo este organismo el encargado de supervisar el buen ejercicio de la abogacía en las actividades a cargo de este personal.
El personal profesional que tendría un régimen de pasantías con un pago (viático) dará mayor transparencia y garantía de legalidad al actuar del personal de seguridad ya que las actuaciones administrativas estarán en manos de estos abogados.

Creación Figura Comisionado:

Asimismo este personal profesional dependerá operativamente de un COMISIONADO (funcionario electo por los vecinos de la CABA que durará en su cargo 4 años y solo podrá ser reelegido una vez) quien tendrá a su cargo el control de la legalidad de los actos, el respeto a los derechos humanos, no criminalización de la niñez y adolescencia y el contacto judicial, siendo el nexo entre los vecinos y la fuerza operativa policial. El Comisionado designará un delegado en cada seccional policial a los fines de una inmediatez con la actividad desplegada por la fuerza de seguridad en la Jurisdicción.

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil:

Siendo todas acciones conjuntas, se hace imperiosa una ley de responsabilidad penal juvenil de sólidos fundamentos democráticos de respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en los tratados internacionales de los cuales Argentina es tributaria.
El Régimen Penal Juvenil no debe implicar mezclar penitenciariamente a menores con adultos. Pero sí deben cumplir una pena que será gradualmente la que corresponda con el delito cometido. Hay menores que a los 13 años ya han asesinado personas. Deben tener un proceso penal justo que garantice los derechos constitucionales, con acusación y defensa, y alojados en centros de detención juvenil con obligación de oficios y educación primaria/secundaria, para que no sea sólo un régimen de alojamiento y amontonamiento de menores que delinquen. Bolsa de trabajo que permita una salida laboral una vez cumplida la pena o posibilidad de goce de beneficio de reducción de la misma o salidas anticipadas. Estos centros carcelarios deben cumplir con el fin propuesto por la constitución nacional de resocializar y reinsertar en la sociedad al menor.
Este requisito, hace que también debamos debatir sobre el Régimen Penitenciario en general. Lamentablemente, carecemos de estructura necesaria por lo que tenemos que hacer inversión en ello y rápidamente. El Régimen Penitenciario adolece de un sistema estructural básico capaz de alojar en centros especializados a menores que delinquen. Por lo tanto, si bien podemos estar a favor de imputar a un menor de 13 años, el tema es dónde alojarlo adecuadamente, para que cumpla una sanción, pero también que tenga un mínimo de seguridad y de condición apropiada para mejorar su conducta.
Ante la crítica de que penar a los menores no ha demostrado mejorar nada y que las cárceles de mayores están mayoritariamente conformadas por personas que delinquieron de menor, nos muestra que este régimen de menores que tenemos en la actualidad de nada sirve sino que nada se ha mejorado con no imputarlos. Tenemos una edad de inimputabilidad de 16 años que perite que nos feliciten los países de signatarios de tratados de derechos humanos, pero que en sus respectivos países las edades no son esas como por ejemplo Gran Bretaña donde la edad son 10 años, Alemania 14 y estados Unidos 11, entre otros. Pareciera que los países en vía de desarrollo somos los conejillos de indias en las cuestiones de derechos humanos.

Aplicación de penas:

Este es un tema muy controvertido ya que están los que defienden la postura de lo inapropiado de la aplicación de penas de encerramiento y otros que están a favor. La verdad que, un sistema mixto sería la mejor solución teniendo en cuenta los intereses superiores de los menores.
En este sentido todos los delitos deberán ser sancionados con pena de prisión y a menor entidad del delito mayores posibilidades de reemplazar la pena de encarcelamiento por la de actividad comunitaria y/o educativa en cualquieras de las áreas posibles (deportiva, cultural, oficio, primaria, secundaria, universitaria, etc) dependiendo de la voluntad expresa del menor que desee reemplazar una sanción por una actividad formativa. Ahora bien, cuando los delitos son graves o gravísimos a la pena de prisión deberá adicionársele una obligación de formación educativa y acompañamiento espiritual y de formación en valores con una participación interreligiosa a los fines que los menores tengan oportunidad de un arrepentimiento real y un conocimiento de los valores humanos y sociales que quizás no pudieron recibir por otros medios.
Todos los menores que cumplen sus sanciones en libertad deberán ser acompañados hasta la finalización de sus condenas y hasta el cumplimiento de la mayoría de edad por un abogado matriculado en el carácter de “padrinazgo” cuya responsabilidad será el contacto con el menor y con sus profesores, maestros, etc a los fines de poder determinar y evaluar el avance en el proceso de socialización del menor efectuando los informes mensualmente al Juez de la Causa.

Disminución Edad Inimputabilidad:

A pesar de no ser recomendado por los organismos internacionales (cosa que no respetan los países desarrollados como dijera antes), es menester para la realidad Argentina una disminución en la edad de la inimputabilidad de las personas llevándola a los 13 años (modificando la ley 22.278 del año 1980), lo que garantizará una educación sobre la base de la coerción y prevención legal en los menores que permitirá una mayor tranquilidad en todos los jóvenes al saber que sus actos tienen consecuencias jurídicas y penales.
Los 13 años implica un cambio en las vidas de los menores que está dado por el ingreso a la educación secundaria, la adquisición de nuevos derechos amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, nuevas experiencias de vida producto de la adolescencia, etc., lo que entiendo es el momento ideal para que también aprendan cuales son las consecuencias de sus actos.

Políticas Públicas activas y Positivas:

Esta normativa de baja de la edad, debe ir acompañada de políticas públicas activas y positivas de Estado que alienten la integración social, educativa en sus comunidades y en un ámbito de auténtica promoción y protección de los derechos del niño-adolescente y joven-, en un desarrollo responsable de una ciudadanía participativa y respetuosa de los derechos de todos. Atacar la exclusión, la marginalidad, la ausencia de salud, de trabajo, mejoramiento del sistema educativo, promoción de la familia, son caminos esenciales y pilares de este cambio donde la persona humana en igualdad de real de oportunidades obtiene protagonismo.
Es necesario el cumplimiento de la ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza inicial, primaria y secundaria, introduciendo en la ley sanciones para padres o tutores que no arbitren los medios para que ello se concrete. El incumplimiento de la responsabilidad de quienes tienen a los menores a cargo debe ser sancionada ya que es el primer escalón en la conformación de la personalidad social que se vulnera ante el no cumplimiento de la ley.

Conclusión:

La reforma en el tema penal y de seguridad debe ser integral y todas las acciones al mismo tiempo porque son todas partes del problema. La disminución de la edad entonces como se dijera antes de ahora, debe ir acompañada con una legislación procesal penal que permita la adecuada defensa del menor dándole todas las garantías, aportes educativos, como así las obligaciones que la ley establecerá evitando de esta manera estar a disposición del criterio de un Magistrado como es en la actualidad lo que permite las permanentes reincidencias criminales de los menores y no su reeducación y reinserción en la sociedad como debiera ser el fin último de la ley penal.
El implementar estas medidas inmediatas conformaran un nuevo cuadro situacional de la ciudad y del país todo que permitirá garantizar mayor seguridad a la población y comenzar a fortalecer los cimientos de un plan de seguridad serio, profesional y posible, desterrando la idea de criminalizar o estigmatizar a la niñez, adolescencia y/o a la juventud.

abril 24, 2022

Listas Negras en Democracia

Peligrosa y descabellada represión cultural

Por CARLOS LIONEL TRABOULSI (perseguido)*

El pasado 12 de junio se publicó una seudoinvestigación mal intencionada y alejada de la verdad que según sus propios autores llevó dos años de trabajo y estudio para llegar a la fecha con una página donde se puede destejer una red de nexos y relaciones entre militantes, dirigentes políticos, organizaciones, iglesias y figuras púbicas a las que acusan de formar parte del “avance cada vez más evidente de la llamada reacción conservadora en la argentina y en el mundo, un movimiento con actores en algunos casos identificables con claridad y en otros, de más difícil clasificación”.

Este trabajo realizado por las periodistas Ingrid Beck, Soledad Vallejos, Florencia Alcaraz, Juan Elman, Paula Hernández y Paula Rodríguez fue financiado por la International PlannedParenthood, la mayor empresa abortista del mundo y que ha impulsado y financiado en nuestro país la campaña a favor de la ley de aborto distribuyendo dólares para diversos sectores de la sociedad a fin de impulsar la ley.

Esta supuesta investigación periodística no es más que una “lista negra” en democracia persiguiendo y tratando de amedrentar a quienes no piensan como el imperialismo materialista cultural que pretende deconstruir nuestra cultura y la cohesión social basada en la fortaleza de la familia y la defensa de valores esenciales como la vida desde la concepción pasando por todas las etapas de la persona hasta su muerte natural.

Se mezclan en la lista diversas personas y organizaciones, aprovechando para pretender ensuciar la imagen de iglesias que nada tienen que ver con la política partidaria, que defienden la vida, la familia y los valores de la dignidad de la persona humana desde hace más de dos mil años, y de partidos políticos como el DEMOCRATA CRISTIANO que tiene una historia basada en la defensa de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la amistad cívica y el respeto a la dignidad de la persona humana.

¿Cómo puede pretender descalificarse a dirigentes de la DC cuando es un partido que ha tenido en épocas difíciles de nuestra Patria al “Padre de la Plaza de Mayo” como es reconocido Augusto Conte, quien siempre defendió la vida desde la concepción y la defensa de la familia¬? ¿Cómo querer de un plumazo artero de mercenarios de la prensa pagados por dineros sucios del asesinato de millones de personas por nacer en el mundo mancillar testimonios de inclaudicable lucha por la democracia, la vida y los derechos humanos de dirigentes como Carlos Auyero, Horacio Sueldo, Esio Silveira, José Antonio Allende, Mario Marturet, Rina Zuki Leiva, Eduardo Elías Traboulsi, Arturo Ponsati, Salvador Busacca, Enrique De Vedia o Guillermo Frugoni Rey entre tantos otros?

Se coloca el mote de “antiderechos” a quienes defendemos los derechos inalienables de las personas, de todas las personas sin distinción, frente a quienes se autodenominan defensores de los derechos pretendiendo establecer supuestos derechos que conllevan a la destrucción de la cohesión social, buscando desvanecer la fortaleza de la familia, el respeto a la vida desconociendo la existencia de la personas desde la concepción y generando situaciones de confrontación entre el varón y la mujer profundizando la división social con el autoritarismo de la imposición de un mal llamado lenguaje inclusivo.

Estas listas negras generadas en democracia no tienen otro objetivo que perseguir a quienes pensamos distinto y que por tener el aval de las mayorías populares que lamentablemente son silenciosas, hacernos “desaparecer” de los medios de comunicación, de la política, de los espacios culturales y de todo ambiente donde pueda haber alguien que sea influenciado por nuestro pensamiento de libertad y defensa irrestricta de la dignidad de la persona humana.

Esperemos que el gobierno nacional, la Justicia y las entidades representativas de los medios de prensa y comunicación, como así la sociedad en su conjunto, repudien claramente estas acciones, abramos los ojos hacia donde nos quieren llevar y juntos, seamos capaces de construir una sociedad que nos respete e incluya a todos sobre un proyecto de nación en común.

*incluido en la lista negra. Abogado, Diplomado Relaciones Internacionales, Secretario General Partido Demócrata Cristiano CABA.

abril 20, 2022

Como Argentinos ¿Queremos terminar con la corrupción?

Por Carlos Lionel Traboulsi*

Los ciudadanos somos socios de “de una gran entidad” que se llama Estado Nacional. No debemos ser INDIFERENTES ante las cuentas públicas ya que somos parte de ellas. Tenemos derecho a EXIGIR rendiciones de cuentas transparentes y comprensibles, como así tambiénEJERCER EL CONTROL CIUDADANO, ante la indiferencia de los Legisladores, sobre los recursos que hemos aportado para recibir bienes y servicios de calidad.
Recientemente reclamaba la falta de fondos suficientes para el ejercicio y control de nuestra soberanía en la inmensa extensión de la plataforma continental, nuestro mar, océano Atlántico, islas Malvinas y extensión a la Antártida, sin olvidarnos de los pasos al Océano Pacífico en el proyecto de Presupuesto General 2022 enviado al Congreso de la Nación.
El Art. 75 inc. 8 de la Constitución Nacional nos dice que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Es decir que la obligación del Congreso es aprobar el Presupuesto General de Gastos e Inversión anualmente que envíe el Gobierno Nacional, pero también tiene otra obligación importantísima que es la de aprobar o desechar las cuentas de inversión, es decir cómo y dónde se usó el dinero presupuestado y si se usó según las previsiones.
El Pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, pero ¿qué pasa cuando nuestros representantes no cumplen con su obligación? ¿Qué pasa con ese mandato tácito de representación? Obviamente se quiebra y debiera recuperar el ciudadano su representación directa producto de la inacción o de la misma corrupción.
Desde el año 2014 –más allá de períodos de décadas anteriores- hay una inacción por parte de los legisladores nacionales quienes no han tratado las cuentas de inversión; solo para el año 2016 se rechazó -recién durante el corriente año 2021- la rendición de cuentas del ejercicio por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Nacional, que también tiene a su cargo evaluar el correspondiente dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN). ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto sin saber si el anterior fue debidamente ejecutado? Esto permite claramente la corrupción.
Las cuentas cada vez se tornan menos transparentes y confiables, alejándose del control sustancial del Congreso de la Nación, es decir se subestiman por parte de nuestros representantes y, por ende, se imposibilita que los ciudadanos sepamos qué es lo que pasa. Esto permite que cada funcionario manifieste y sostenga públicamente un relato que lo más probable esté alejado de la realidad, pero los ciudadanos nos vemos impedidos de conocer la verdad. Sin ir más lejos se habla del gran endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri pero se pasa por alto que en dos años de gestión del Kirchnerismo de Fernández se gastó más de 35 mil millones de dólares. Es decir proporcionalmente más que el gobierno anterior. ¿Quién controla, quien nos representa a los ciudadanos que somos los que con nuestro trabajo y sacrificio pagamos la fiesta?
Es necesaria la participación ciudadana y que se abran inmediatos canales para ello, aprobando leyes que obliguen a la información del pueblo en forma clara, transparente y sencilla, explicando cómo se conforman los presupuestos generales de gastos y recursos y cómo se gastan los mismos antes de la actuación constitucional que le cabe al Congreso.
Esta es una deuda de la democracia que solo alienta a la corrupción.
Hay muchos sectores trascendentes en la gestión pública susceptibles de controlar, pero éste es esencial, porque de él dependen los recursos y su correcta utilización para que el resto exista y pueda cumplir con las funciones asignadas.
Obsérvese que se mandó en el mes de Setiembre pasado un proyecto de presupuesto 2022 al Congreso de la Nación que quedó totalmente desactualizado e impedido de tratar producto de la inflación y del famoso “plan platita” que fue utilizado para intentar no perder las elecciones de medio tiempo del pasado 14 de noviembre.
Deben establecerse sanciones ejemplares para las autoridades que no cumplen con las fechas de presentación de los presupuestos generales, para con los legisladores que no cumplen con el mandato de la representación aprobando o rechazando las rendiciones de cuentas y establecer normas claras y precisas para que todos los ciudadanos podamos involucrarnos como socios principales en la marcha de las cuentas del Estado Nacional. Hay que desplazar la discrecionalidad política en cuestiones que afecten el erario público.
Demos decididos pasos, encaremos mancomunadamente acciones reales y serias para terminar con la corrupción en la Argentina si es que verdaderamente así lo queremos y exigimos.
*abogado; diplomado en relaciones internacionales; Secretario General Partido Demócrata Cristiano CABA.

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Mes: abril 2022